Antecedentes

EL TPP es un tribunal de carácter no gubernamental, del género de los "tribunales de opinión" que tuvo su origen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos contra el pueblo de Vietnam. Es un instrumento de justicia muy importante para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas.

El TPP está integrado por unos 130 hombres y mujeres, de una alta reputación moral absolutamente indiscutible, en situación de ejercer la función judicial a un alto nivel; su procedencia es muy diversa (sociólogo, indígena, político, intelectual, defensor de derechos humanos, escritor, etc.); nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos.

La base de los juicios del TPP son las convenciones de Derechos Humanos, convenciones internacionales y se realizan sin las ataduras que crean los poderes políticos, los poderes mundiales, los poderes de los estados; está por fuera de las estructuras judiciales de los países y representa -de alguna manera- la conciencia ética de los pueblos, de la humanidad.

El TPP se ha reunido en 31 ocasiones para juzgar situaciones de muchos países, de pueblos enteros que no son estados y que han sufrido genocidios por otros estados; también ha juzgado la política de multinacionales y de instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

TPP Sesión Colombia.
Multinacionales y Crímenes de Lesa Humanidad

1. El saqueo de los recursos naturales, la privatización de los servicios públicos, la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad, el hambre y muchas otras formas de violencia le han impedido al pueblo de Colombia vivir en condiciones dignas.

2. El ALCA y TLC son pactos violatorios de los derechos de los pueblos, que benefician exclusivamente las transnacionales.
3. Para garantizar el saqueo de las riquezas, el control territorial y la explotación de la población, el gobierno colombiano ha implementado modalidades de guerra sucia a través del terrorismo de estado.

4. Las comunidades indígenas continúan siendo afectadas por la implementación de megaproyectos en sus territorios; estos destruyen sus costumbres, su cosmovisión y sus vidas.

5. La ley de “Justicia y Paz” encarna una política integral de terror que profundiza y perpetúa la impunidad por la violación de los derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad en beneficio de las transnacionales y los monopolios nacionales.

6. La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, es un elemento indispensable para la conquista de la solución política al conflicto social y armado que vive el país.

7. La participación de la población en la recuperación de la memoria histórica es fundamental, por ello, el proceso de TPP debe estar ligado a la reconstrucción de las organizaciones sociales y de las comunidades destruidas por el terrorismo de estado. Este es un paso muy importante para la construcción de la Otra Colombia Posible.

El TPP, analizará tres ejes de problemas pero en su interacción: EXTRACCIÓN INDEBIDA DE RECURSOS NATURALES, CON APOYO EN MODALIDADES DE GUERRA SUCIA o TERRORISMO DE ESTADO y LA VIOLACIÓN PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El TPP ha venido recibiendo las acusaciones y pruebas y escuchando a través de audiencias públicas especializadas los testimonios de decenas de hombres y mujeres, de los casos más relevantes de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por transnacionales en los distintos sectores de la economía nacional; las audiencias arrojan un instructivo o fallo parcial, que serán los elementos de la sesión deliberante.

El TPP viene abordando el análisis de los impactos de la política de multinacionales presentes en los sectores: agroalimentario, Biodiversidad, Minero (oro, carbón), petróleo, servicios públicos y el sistema financiero. Igualmente, juzgará las multinacionales responsables de crímenes contra pueblos indígenas.

El juzgamiento inició en septiembre de 2005 con la audiencia preliminar agroalimentaria en Berna – Suiza (política de Nestlé) y culminará el 22 de julio de 2008 con la sesión deliberante que recogerá los fallos parciales y emitirá un veredicto final sobre la política de las multinacionales y el estado colombiano.

Audiencia Petrolera
OXI – REPSOL- BP y el estado colombiano

Juzgará la política de la Occidental Petroleum Corporation, Repsol y British Petroleum Corporation, por los impactos lesivos en la población de los departamentos de Boyacá, Arauca, Casanare y Norte de Santander en el oriente colombiano y al estado colombiano por haber promovido y facilitado la entrega de los recursos naturales a costa del sufrimiento, la tragedia y la miseria del pueblo colombiano.

Los atropellos de estas empresas buscan especialmente lograr el control poblacional para evitar resistencias a la exploración y explotación del recurso, para lo cual han combinado varias estrategias: militarización de la zona acompañada de mercenarios norteamericanos, declaración de Zona de Rehabilitación y Consolidación para el posicionamiento paramilitar, ejecución de crímenes de lesa humanidad y una persecución judicial permanente contra las organizaciones sociales.

Militarización de la Región: las petroleras han tenido responsabilidad directa con el conflicto colombiano, no solo porque han financiado batallones del ejército con el objeto de brindar seguridad a sus instalaciones, sino porque han tenido influencia directa en decisiones militares como es la escogencia de sus comandantes y la realización de operativos.

El financiamiento de la brigada XVI en Yopal y la XVIII en Arauca; el bombardeo de Santo Domingo –Arauca; el asesinato en Arauca de los líderes Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto y de varios miembros de la Asociación ACDAINSU, ASOCHARTE, ASOVEC y ADUC (el asesinato de su presidente CARLOS MESIAS ARRIGUI y la Ejecución extrajudicial de Daniel y Roque Julio en el Casanare; la penetración de grupos paramilitares desde áreas “protegidas” por el ejército; el servicio de guardas de seguridad a altos mandos de la BP por parte de reconocidos paramilitares; las Masacres de Caño Seco, Flor Amarillo-Piñalito - Cravo Charo y La Cabuya; Detenciones Masivas 2002, 2003, 2006; desapariciones, torturas y desplazamientos forzados de comunidades perpetrados por grupos paramilitares en áreas de interés exploratorio, son evidencias de la influencia de estas empresas en la estructura del estado para garantizar el saqueo de este recurso.

El Asesinato de Aury Sara Marrugo y su escolta Enrique Arellano, de Manuel Gustavo Chacón, Rafael Jaimes Torra, Jorge Orlando Higuita, entre muchos otros, no solo han posibilitado la destrucción del sindicato petrolero (USO), sino la entrega del recurso y la infraestructura petrolera al capital privado, en especial a las transnacionales.

Entre muchos otros crímenes (desaparecidos, torturados, detenidos, amenazados, judicializados y exiliados)

Impactos Ambientales: Las actividades petroleras han dejado serios daños sobre el medio ambiente, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad y vida de la región. No existen controles institucionales y hay altos niveles de corrupción propiciados desde las empresas petroleras.

La desaparición del Ecosistema Geoestratégico de la Laguna de Lipa, sus humedales y Caño Limón, patrimonio de la cultura indígena; la destrucción de la cadena alimentaria, el vertimiento de aguas altamente contaminadas en la cuenca del río Arauca, la modificación del régimen hidrológico regional, en el departamento de Arauca, el secamiento de los ríos Charte, Unete, Cravo Sur y Cusiana con el bombeo de agua pura al subsuelo y la deforestación relacionada con las actividades petroleras, la generación de gases contaminantes que han causado graves daños sobre cultivos, son algunos de los casos más relevantes.

El deterioro de las condiciones ambientales se presenta igualmente en otras áreas petroleras aledañas a los yacimientos, como sucede en el departamento del Putumayo (Texas y Ecopetrol), Santanderes (Shell y Texaco), Tolima y Meta (Chevron Texaco).

Etnocidios: las actividades petroleras han estado relacionadas históricamente con procesos sistemáticos de exterminio a pueblos nativos, cuyos antecedentes se remontan a los inicios del siglo veinte.

Entre los casos mas relevantes podemos resaltar: de los Yarigüies en el Magdalena Medio por parte de la Standard Oil, de los Guahibos en Arauca por la OXI, los Cofanes y Sionas en el putumayo por parte de la Argosy, y la sangrienta persecución contra los Motilón-Bari en el Catatumbo por la BP y de los Uwas en Boyacá y Arauca por la OXI.

Saqueo del recurso: las nuevas formas de contrato que se han venido implementando causan un gran desfalco y perdidas incalculables para el pueblo colombiano, en el caso del pozo Caño Limón, uno de los más importantes del país, su reversión se debía hacer este año, es decir el pozo pasaría a manos y control del estado en cabeza de ECOPETROL. Sin embargo el gobierno de Álvaro Uribe extendió este contrato a perpetuidad, lo que significa que la OXY podrá sacar hasta la última gota de crudo de esta reserva mediante la nueva forma de contratación, además de esto el estado colombiano subsidiará la devaluación de la infraestructura petrolera que se genera por el desgaste de esta. Con este escenario se configura un verdadero saqueo de este importante recurso.

Corrupción: las petroleras han sido un factor de desestabilización, manipulación y sometimiento del estado y de los intereses de la nación. Históricamente decretos, leyes y artículos de la constitución fueron redactados en favor de las transnacionales. Sonados casos reportan que las regalías petroleras han sido un factor de exclusión, corrupción y empobrecimiento generalizado.

Todos estos crímenes y homicidios de los dirigentes sociales ocultan intereses políticos y económicos que promueven el desmantelamiento generalizado de los movimientos sociales en la región. Arauca es uno e los departamentos que ha tenido que soportar una de las arremetidas militares mas violentas del régimen de Uribe, esta operación enmarcada dentro de una extraña figura denominada “Zona de Rehabilitación”, pretende recuperar el “orden público”, inmovilizar los grupos guerrilleros y destruir las organizaciones sociales. Sin embargo detrás de esta ofensiva estatal y paramilitar, se busca asegurar a una de las regiones con mayor importancia geopolítica del país, por su significado como uno de los mayores corredores viales entre Colombia y Venezuela; en el aseguramiento de las reservas, la infraestructura y los intereses de las empresas petroleras transnacionales; y controlar la frontera con un país en el que se consolida un proyecto político antagonista frente al cual se hacen desde ya medidas estratégicas militares como el gasto frustrado del 100 millones de dólares en tanques de gran tonelaje, ante el panorama remoto pero posible de una confrontación armada entre los dos países.

El hecho que desde Arauca se pueda construir la conexión vial más eficiente desde los grandes centro económicos colombianos hacia las reservas energéticas y los mercados venezolanos, hace que esta región cobre una gran importancia estratégica especialmente en el actual panorama de agotamiento de las reservas de hidrocarburos en Colombia, por lo que las grandes transnacionales comercializadoras de petróleo necesitarán asegurar esta región para asentar la infraestructura que les posibilitará especular con el mercado interno de hidrocarburos.

Al megaproyecto petrolero se le suma otro denominado Ruta de los Libertadores y la Marginal de la Selva, es un canal seco internacional que unirá Caracas – Bogotá – Quito, y a los océanos pacífico y atlántico. Su construcción ha generado el desplazamiento de miles de pobladores que residían en pueblos y veredas ubicadas a la orilla de estas carreteras, pues para los inversionistas es necesario que no haya ningún tipo de presión que impida ni la construcción ni el libre transito de mercancías y recursos naturales que cruzarán permanentemente por esta rica región del país, que al igual que otras, ha sido declarada Zona Económica Especial de Exportación –ZEEE-. Aquí puede estar la explicación de varias masacres cometidas especialmente en comunidades de Santo Domingo, Cravo Charo, Caño Claro, Caño Salas, Betoyes, Quintame, Flor Amarillo, Piñalito, Botalón, la Horqueta, entre otras.

Estos crímenes y el terror que diariamente vive la población serán evidenciados, denunciados y juzgados por el TPP en la audiencia petrolera. La audiencia es parte del proceso de justicia popular y elemento importante para la activación de la estrategia jurídica integral de la “Campaña Internacional Efectos de la Explotación Petrolera: POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS, LA CULTURA Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO.”

AUDIENCIAS Y PRELIMINARES:

La preparación colectiva de la audiencia petrolera se viene desarrollando a través de 7 audiencias preliminares: Saravena, Barrancabermeja, El Tarra – Norte de Santander, Cartagena, Madrid en el Estado Español, Glasgow – Escocia y en Washington – Estados Unidos, y un gran foro nacional donde se definirá una propuesta global de confrontación a esta política depredadora.

www.tppcolombia.info
www.organizacionessociales.org
www.sinaltrainal.org

areainternacional@sinaltrainal.org
stobservatoriosocialcolombia@yahoo.com.br
orsoarauca@organizacionessociales.org

Colombia, agosto 23 de 2007

POR EL DERECHO A LA VIDA,
LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO.

ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.