La Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, a través de la Red de Organizaciones no gubernamentales Defensoras de los Derechos Humanos del orden nacional e internacional, los siguientes hechos:

1. El 29 de Marzo de 2007, a eso de las 8:0 p.m., aproximadamente, fue asesinado en la vereda El Charo, del municipio de Saravena, el señor MILCIADES SANCHEZ.

2. Ese mismo día, 25 de marzo, fueron asesinados JUDITH NAVARRO DITA, de 24 años, natural de Fonseca-Guajira, y FRANCISCO GAMA VILLAMIZAR, de 41 años y natural de Puerto Wilches-Santander, estos hechos sucedieron en la vereda Los Pájaros, del municipio de Arauquita. De la misma manera, esta fundación tuvo conocimiento de la existencia de un cadáver registrado como N.N., también producto de una muerte violenta, el cual está en la Morgue del Hospital San Ricardo Pampuri de Saravena.

3. El día 08 de abril de 2007, fue asesinado el señor LISANDRO BAUTISTA TIRADO de 23 años, en el casco urbano del municipio de Saravena, a eso de las 6:00 p.m., en el barrio José Vicente de esa ciudad, por desconocidos.

4. Ese mismo día, en la vereda Guaimaral, del municipio de Arauquita, resultaron heridos tres miembros de una misma familia, al activar una mina antipersonal; entre los heridos se encuentra el joven DUMAR FÚQUENE.

5. El día 09 de abril de 2007, a eso de las 3:00 p.m., aproximadamente, fue asesinado el señor JHONNY JOSÉ CASELLES MENECES, de 39 años de edad, y profesión Técnico en Construcción.

6. Con este cuadro de violencia, donde los muertos se cuentan por decenas en el departamento, el terror se apodera de esta región, ante el silencio cómplice del gobierno nacional y departamental y de los medios de comunicación. Los organismos de justicia y control no arrojan resultados concretos frente a las investigaciones por los mismos y las comunidades que siguen denunciando y exigiendo verdad, justicia y reparación, clamando además, que cese esta absurda violencia, continúan siendo estigmatizados, encarcelados, perseguidos e intimidados por su accionar social.

7. Hacemos un llamado para que los organismos de justicia y control del Estado, adelanten las investigaciones respectivas de los hechos, así como de las posibles omisiones y fallas del servicio en que eventualmente se hubiese podido incurrir, y se adopten urgentemente medidas destinadas a proteger a la población civil, salvaguardar sus derechos fundamentales y garantizar la paz. Al gobierno nacional le exigimos que se apersone de esta situación y que la misma sea visibilizada, y no se sigan haciendo esfuerzos por tapar la realidad que estamos viviendo los araucanos.

SONIA MILENA LÓPEZ

REPRESENTANTE LEGAL