La Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, a través de la Red de Organizaciones no gubernamentales Defensoras de los Derechos Humanos del orden nacional e internacional, los siguientes hechos:

La crisis humanitaria que esta Fundación ha venido denunciando en lo que va corrido de este año, tuvo en estos último cinco días un escalamiento tenebroso, principalmente en la zona rural del municipio de Tame, donde han resultado 12 personas asesinadas.

En efecto el día 16 de abril fue asesinado el señor TOMAS EMIGDIO VEGA, quien residía en la vereda la Esperanza, del municipio de Tame.

El día 22 de abril fueron asesinados los señores ALBERTO LOSADA RIVERO, de 21 años de edad, en la vereda La Siberia, ORLANDO MENESES QUIRIAMA, en la vereda Flor Amarillo, y la señora MARIA RUTH SUVIETA ALFONSO en la vereda la Esperanza.

El 23 de Abril de 2007, resultaron asesinados los señores JAIRO NÚÑEZ GALVIZ, en la vereda Santo Domingo, RICARDO GONZÁLES RIVERO, en la vereda el Progreso, SANTOS GALÁN DUEÑAS, de 51 años y LUÍS ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ, de 63 años de edad, en la vereda Florida Baja, y además al pisar una mina antipersonal, perdió la vida el indígena ÁLVARO SALOM ARCHILA en la vereda San Gregorio del resguardo indígena Curipao.

En el municipio de Fortúl, el 18 de abril fueron asesinados los señores JUAN CARLOS CABICHE AGREDO, de 29 años de edad, en la vereda Caño Rojo y DUVIAN ARTURO BARAJAS CARRILLO, de 28 años de edad, en el sitio conocido como el Acuario, de la vereda Buenos Aires.

El día de hoy 26 de Abril de 2007, fue asesinado en pleno casco urbano del municipio de Fortúl, barrio Divino Niño, el señor VÍCTOR JULIO BENAVIDES, de 40 años, quien era desplazado de la Vereda Mate Caña de ese municipio, en el mes de enero del presente año y quien deja a 4 menores huérfanos.

Ante este cuadro de crímenes, muchos de los moradores de estas veredas se han desplazado hacia los cascos urbanos de Tame, Fortúl y el caserío de Puerto Jordán, entre ellos algunos miembros de los resguardos indígenas.

Hacemos un llamado a los actores en conflicto para que desvinculen a la población civil del mismo y respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario, al igual que a los gobiernos municipales, departamental y nacional, para atender de manera pronta, eficaz y acorde a la dignidad humana a la población desplazada.

A los organismos de Justicia y Control del Estado exigimos adelantar con prontitud las investigaciones de los hechos aquí denunciados, para que no queden en el manto de la impunidad.