Las pasadas elecciones del 2003, donde se eligieron gobernador, alcaldes, asambleístas y concejales, no solamente fueron oscuras por las retensiones masivas de los políticos que no eran a fin del presidente Álvaro Uribe Vélez y su autoritario plan de gobierno de la seguridad democrática, sino que se evidenció claramente la mano criminal del narcoparamilitarismo que con el terror y los dineros manchados de sangre se impusieron en la administración publica regional y municipal. Un plan precedido por el asesinato de dirigentes sociales en el municipio de Tame, por el asesinato de importantes dirigentes políticos como Alfredo Colmenares, Octavio Sarmiento, Alejandro Lomonaco y el silenciamiento de los medios de comunicación comunitarios con el asesinato de importantes periodistas como Efraín Varela Noriega y Eduardo Alfonso.

Los narco paramilitares apodados los Mellizos, hoy legalizados con la impune ley de Justicia y Paz, hicieron y deshicieron en Arauca con la complacencia del gobernador, algunos alcaldes, asambleístas y las fuerzas militares y policiales. La fiscalía jamás dio importancia a las denuncias de la comunidad donde se señalaba el vínculo de algunos alcaldes como el de Tame y la gobernación con los paramilitares que llenaron de muerte al departamento durante el primer periodo de gobierno de Uribe. ¿Quien va a responder por las masacres de Flor Amarillo, Pitalito, Nápoles, San Lope, Gaitan, Sabanas de Pto Rondón, Cravo Norte y Arauca y por los centenares de crímenes selectivos, que dejó la escalofriante cifra de más de setecientas victimas y miles de desplazados? ¿Dónde está la justicia, que a diario se ensaña contra la dirigencia social, mientras los criminales de cuello blanco permanecen libres gozando de privilegios y dilapidando los recursos del departamento y los municipios?

Es claro entonces, que donde se desarrollan megaproyectos económicos y las transnacionales petroleras como La REPSOL y La OXY tiene sus intereses, se ejecutan siniestros planes de guerra sucia paramilitar, es lo que ha sucedido en Arauca. También es común encontrar “Los intocables”, que no son otra cosa que los cómplices encargados de promover y financiar a estos criminales. La corrupción garantiza la inmunidad de estos delincuentes ante la justicia, el miedo, la represión y el horror silencia la denuncia. Solo queda la dignidad de un pueblo organizado que no renuncia a la verdad y a la justicia, que no descansará hasta que estos crímenes no queden en la impunidad. Una vez más exigimos a la fiscalia, a los organismos de control del estado, que respondan a la barbarie desatada en Arauca, que se juzguen a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos deshumanizados.