Como las siete plagas de Egipto, una serie de hechos y acciones se han ensañado contra la dirigencia social y sindical araucana. La mayoría de líderes judicializados y perseguidos por el régimen de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, después de cuatro años de humillación e injusticia, de degradar su nombre, su libertad y moral, recobran su libertad; una libertad condicional que coloca a todas luces de la verdad las grandes proporciones de violación a las garantías procesales por la decadente justicia colombiana. Hoy nuestros compañeros dirigentes salen en libertad condicional la mayoría de ellos por cumplimiento de penas sin ser condenados, a la espera de un fallo que debe emitirlo sus propios verdugos, aquellos que tuvieron la capacidad inmoral de prefabricar los montajes y artimañas con que fueron privados de la libertad por tanto tiempo tratados como los peores delincuentes, mientras los verdaderos criminales gozan de todos los privilegios  del gobierno; funcionarios de esa hoya corrupta de la fiscalia y justicia colombiana que continua haciendo retenciones masivas en Arauca.

La guerra sucia paramilitar agenciada por el gobierno y sus fuerzas militares no termina con el circo montado para su desmovilización , continua con los asesinatos individualizados, las amenazas y persecución contra sindicalistas, educadores y lideres sociales. Ahora se hacen llamar las Águilas Negras para dejar en la impunidad sus crímenes. El terrorismo de estado es una política que en el gobierno de Uribe se ha profundizado, con el mayor cinismo y complacencia de autoridades civiles, militares y los mismos organismos de control y justicia del estado. En Arauca las transnacionales petroleras han propiciado estas políticas terroristas para apoderasen de grandes extensiones territoriales donde posteriormente desarrollan los grandes proyectos de exploración y explotación petrolera, sin que hasta el momento se condenen por crímenes de lesa humanidad como la masacre aérea de Santo Domingo y los centenares de crímenes dejados a nombre de los paramilitares desde el año 97 hasta la fecha.

Lo absurdo, mientras el estado con todo su aparato militar y paraestal somete al pueblo y a su dirigencia social a la más cruel represión y exterminio, bajo el argumento del delito de rebelión por supuestos vínculos con la insurgencia, sufriendo las retenciones masivas, los asesinatos selectivos, las masacres y el destierro. Ahora la insurgencia que dice luchar por el pueblo, violentando la soberanía y autonomía popular del pueblo para tomar sus propias desiciones, luchar por la reivindicación de sus derechos sociales, económicos y políticos; se ha ensañado de manera violenta, pisoteando con insensatez los elementales principios de la guerra contemplados en el derecho internacional humanitario, asesinando civiles, líderes sociales, desplazando campesinos y desterrando educadores un sector caracterizado por sus luchas sociales y trabajo comunitario. En fin la insurgencia de las FARC y el ELN en su guerra en Arauca, han caído en lo más bajo, convertirse en una ridícula replica de lo que ha sido las políticas represivas criminales del gobierno colombiano contra el pueblo y sus organizaciones sociales y populares.