En nuestro país gobierna las mafias del narcotráfico y el terrorismo paramilitar. El cinismo con que se responde a los descomunales escándalos de congresistas autores intelectuales de masacres y conformadores de redes narcoparamilitares, de militares implicados en auto atentados terroristas, los hallazgos de centenares de fosas comunes con miles de victimas mutiladas, los escándalos de altos funcionarios del DAS y las expresiones paquidérmicas de la Justicia; son hoy actos descarados e inmorales que caracterizan el narcogobierno paramilitar de extrema derecha de Uribe Vélez. Un gobierno que carece de legitimidad, autoridad moral y legalidad, pues el fraude, la manipulación del electorado con los dineros manchados de sangre del narcotráfico, los montajes y el miedo impuesto por el horror del crimen paramilitar en centenares de municipios, son hoy más que nunca evidencias reales de lo que se ha ocultado en nuestro país por muchos años de su historia.

La oposición, la expresión social, la movilización y las opiniones que difieran de este régimen perverso, son silenciadas mediante la intimidación, la amenaza, la desaparición, la criminalización y la judicialización mediante montajes. Se ha tipificado la rebelión como el delito político que más inocentes ha llevado a la cárcel; un instrumento de represión utilizado con mucho esmero por la “seguridad democrática” del gobierno de Uribe con sus odiosas retensiones masivas, hasta tal punto que a su capricho aumenta los años de pena, con el único propósito de desboronar la moral y empuje de las luchas populares, sus formas organizativas y propuestas alternativas. Son centenares de dirigentes sociales, campesinos y sindicalistas condenados por rebelión, sin tener derecho a un debido proceso y defensa dentro de lo que corresponde a un estado social de derecho. Mientras los narcoparamilitares, políticos corruptos, militares terroristas gozan de todos los privilegios y la justicia se muestra condescendiente y lerda en los procesos de juzgamiento.

Con esta realidad la rebelión debe ser un derecho y un acto de dignidad del pueblo colombiano. El derecho a pensar distinto, a actuar y buscar formas de vida diferente a las impuestas durante siglos por la oligarquía capitalista, deben ser las características fundamentales de una verdadera democracia. Revelarse contra un gobierno corrupto, contra un régimen autoritario, contra una elite que pisotea la dignidad de un pueblo, contra un gobierno narcotizado incapaz de darle respuesta a las necesidades del pueblo y que entrega la soberanía nacional del territorio y sus recursos naturales, no puede considerarse un delito en ninguna parte del mundo. Los verdaderos delincuentes para desgracia de nuestro país están en el mismo gobierno, dentro de las estructuras institucionales de un estado obsoleto, que actúan como juez y parte, contra todo lo que consideren una amenaza para sus intereses mezquinos. Son una tiranía disfrazada de democracia, con la que se han perpetuado en el poder y dominado a nuestro pueblo.