No puede haber confianza en un gobierno mentiroso que tiene acostumbrado al pueblo colombiano a sus cínicas burlas, farsas y montajes. El show mediático se ha convertido en su mejor aliado para disfrazar y enmarañar la verdad de sus actos y acciones de gobierno que profundizan a niveles degradantes la crisis social y humanitaria en nuestro país. Está muy equivocado si cree que con pronunciamientos oscuros carentes de veracidad y objetividad puede tapar los descomunales errores de gobierno, producto de la soberbia y arrogancia que caracteriza a Álvaro Uribe Vélez. Justificar la brutalidad militar del Plan Colombia encajadas en su programa de gobierno Seguridad Democrática ha sido su mayor prioridad y logro, para merecer los aplausos del gobierno fascista de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más odioso para el pueblo colombiano, oír los elogios y admiración de Bush sobre la manera guerrerista, criminal y salvaje como Uribe a conducido al país, en un momento de dolor y rabia por la oscura muerte de los 11 diputados del Valle y los centenares de colombianos que a diario pierden la vida en nuestro territorio, como consecuencia de un conflicto cuyas causas tienen su origen precisamente en las desigualdades ahondadas por la avaricia capitalista de su imperialismo intervencionista.

La falta de un dialogo sincero y la voluntad para una salida política al conflicto interno, que resuelva la crisis social, humanitaria y recupere la soberanía del pueblo colombiano sobre nuestro territorio, sus recursos naturales, energéticos y nuestra libre determinación política e histórica, a estado fijada por los intereses foráneos de pulpos económicos transnacionales en una alianza perversa con la elite oligárquica nacional que gobierna; hoy contaminada hasta los tuétanos por el narcotráfico y sus bandas paramilitares. Luego, por un lado las retenciones masivas el régimen de gobierno las ha convertido en un instrumento legal de represión para calmar las manifestaciones de oposición, cercenar la libertad de expresión, organización y movilización social, con lo cual el gobierno cree debilitar y ganar la guerra a la insurgencia armada. Por otro lado, la insurgencia considera las retenciones masivas e individuales acciones legítimas de confrontación en el conflicto interno contra el régimen del sistema de conducción social, económico y político del país, impuesto por los intereses del imperialismo económico. Mientras tanto las crónicas no de una muerte anunciada, sino de miles de muertes anunciadas se convirtieron en la vergüenza de nuestro país y en el dolor cotidiano de nuestro pueblo.

De cualquier manera el derecho a la vida, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en nuestro país están severamente vulnerados ante la mirada atónita del mundo y la complacencia de esos intereses mezquinos que a espaldas del pueblo colombiano conducen los destinos de nuestra nación. La verdad sobre la desaparición de los 11 diputados del Valle debe conocerla el mundo, la responsabilidad del gobierno no puede escudarse en mentiras y en show mediáticos. Todos conocemos los altos grados de operatividad militar, los errores de los militares en su afán por entregar resultados al gobierno y al Plan Colombia y la intransigencia del presidente Uribe ante las propuestas de los familiares de las victimas. El dolor de nuestro pueblo va más allá de las victimas de la violencia militar, paramilitar y de la insurgencia armada. Es urgente el debate sobre las causas del conflicto social, económico y político, donde el pueblo participe de manera libre, directa y democrática para reorientar el destino de nuestro país que posibilite una solución pacifica a las profundas diferencias engendradas por un sistema equivocado de gobierno que ha imperado de manera estructurada durante siglos en el estado Colombiano. La dignidad y soberanía del pueblo debe estar por encima de la terquedad mentirosa de un gobernante.