El pueblo colombiano  está en alto riesgo de perder hasta la capacidad de asombro. Y, cuando las personas son sometidas a episodios constantes de inmoralidad, violencia, anti éticos, delincuenciales e ilegales, terminan creyendo que esos son los valores de una sociedad, cuyo representante supremo es un régimen de gobierno, o en el peor de los casos, que el estereotipo omnipotente, sea un individuo, en este caso el dictador Álvaro Uribe Vélez, su camarilla de funcionarios y ministros. Da vergüenza la imagen del país a nivel internacional, no solo por el descaro del régimen mafioso que gobierna, sino por el estigma de narcotraficantes, violentos, mal vecinos apátridas, que no defendemos nuestra soberanía y nos prestamos para que desde nuestro país se agreda la soberanía de países hermanos. Exportadores del fenómeno del narco paramilitarismo y la violencia  que pretende desestabilizar procesos de cambio social, económico y político, como es el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los colombianos somos vistos con desconfianza, sometidos al maltrato, la agresión y hasta el exterminio en cualquier parte del mundo. En realidad el pueblo común y corriente no tiene la culpa de la degradación de la imagen del país,  profundizada  durante estos ocho años. Somos un pueblo trabajador, sometidos al terrorismo mafioso internacional y a los más altos niveles de pobreza, que nos convierten en presa fácil de la delincuencia y del régimen inmoral impuesto.

En Colombia agoniza el orden constitucional y con descaro se impone la inmoralidad de la mafia del régimen. Es insólito que de manera cínica no haya respeto en las competencias de las altas Cortes, se absuelvan a delincuentes condenados por para política por la Corte Suprema, por el solo hecho de ser afectos al régimen de gobierno y apoyadores incondicionales de la reelección de Uribe, y lo más grave que se pretenda dejar en la impunidad estos procesos que revelan la verdad del genocidio que ocurre en el territorio nacional, donde se involucra abiertamente por los mismos capos paramilitares extraditados, a la clase política que ha manejado el poder en el país. Como también es ofensiva la manera como se limita la participación del pueblo en el sagrado recinto de  “La democracia” donde no solo se humilla y desaloja al puñado de personas que valientemente alientan el juicio y debate en el congreso, contra la corrupción del ministerio de Agricultura, sino que arbitrariamente suspenden la sesión para favorecer al gobierno. No hay instancia que haga un juicio al presidente Uribe acusado abiertamente de los vínculos con los narco paramilitares por los propios jefes de estas organizaciones criminales y por su gran corrupción

Mientras tanto el narco paramilitarismo sigue siendo la careta de la guerra sucia del régimen, con el nuevo disfraz de supuestas bandas emergentes, ahora sin cabecillas o figuras sobre el cual pueda haber responsabilidades o juicios, pero eso si, sin perder el matrimonio perfecto con las fuerzas militares, el DAS y la clase política. Empezaron a influir en las regiones con sus amenazas y compras de votos, para montar y mantener sus caciques en el congreso y garantizar la reelección de Uribe y su régimen mafioso. Siguen reclutando jóvenes, no solo para fortalecer su estructura criminal en el país, sino para exportarlos a otros países como la república Bolivariana de Venezuela con fines desestabilizadores, financiados por la oligarquía de ese país y la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica, en alianza con los organismos de inteligencia de Colombia, colocando a nuestros jóvenes una ves más, como carne de cañón de una guerra que solo favorece los intereses económicos del imperio. Los araucanos creemos aun en la constitucionalidad, seguimos esperando justicia contra el ex gobernador Julio Acosta Bernal y los  militares comprometidos con los crímenes atroces del paramilitar Mejía Munera y  la masacre de los sindicalistas en Caño Seco.