La trasnacional petrolera Occidental de Colombia fue condenada a cancelar más de 200 mil millones de pesos a favor de los municipios de Arauca y Arauquita por no pagar la contribución consagrada en el artículo 89 de la ley 142 de 1994. La decisión fue adoptada el 9 de julio de 2008 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca al demostrarse que desde 1995 la multinacional no ha cumplido con esta obligación. Aunque la orden judicial quedó en firme hace más de un año y la finalidad de estos recursos es subsidiar el consumo de energía de los estratos 1 y 2, hasta la fecha Occidental no ha cumplido con la providencia.
 
Para evadir está obligación, la trasnacional estadounidense ha acudido a absurdos jurídicos como solicitar la revisión de la sentencia siete meses después del vencimiento del plazo legal para hacerlo. Ecopetrol también es responsable de la dilatación del proceso porque, en actitud de alcahuetería, presentó una tutela contra una decisión que no afecta sus intereses. Más llamativo es que la tutela haya sido presentada hace tres meses y, aunque la ley dispone que estas acciones deben fallarse en un término no superior a diez días, todavía no se ha tomado ninguna decisión.
 
El senador Jorge Enrique Robledo rechazó el hecho de que una trasnacional con utilidades anuales de 787 mil millones de pesos se niegue a pagar las contribuciones consagradas en la ley colombiana y no cumpla con las decisiones judiciales. Cuestionó el papel de Ecopetrol en este caso. Y resaltó que los cerca de 200 mil millones de pesos que Occidental se niega a pagar son para atender las necesidades de los habitantes de Arauca y Arauquita, municipios en los que más del 30% de la población presenta necesidades básicas insatisfechas.
 
El congresista del Polo denunció que Occidental tampoco ha pagado las transferencias del sector eléctrico desde el año 2007, contribución a la que está obligada como autogeneradora de energía de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 143 de 1994 y afirmó que este es otro caso en que los intereses de los monopolios extranjeros priman sobre los de los colombianos.