DENUNCIA PÚBLICA

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, en cumplimiento de su labor y defensa de los Derechos Humanos, Denuncia y Rechaza ante la comunidad regional, nacional e internacional, y ante los entes de justicia y control del Estado, los hechos presentados durante esta semana en los municipios de Saravena y Arauquita, donde miembros de la Policía Nacional han atentado contra la vida e integridad de ciudadanos de esta región, tal como se evidencia en declaraciones hechas por las víctimas y que a continuación relacionamos:

1.    El 24 de mayo de 2010, siendo las 11:30 p.m., cuando se desplazaban en una motocicleta por la calle 3ra con carrera 2da del casco urbano de Arauquita, los jóvenes JAIR ALBERTO MAHECHA ACEVEDO y ALFONSO ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, fueron atacados con armas de fuego por miembros de la policía nacional. En el momento en que sintieron que la moto fue impactada, los dos jóvenes se tiraron al suelo con las manos en la cabeza anunciando que eran civiles, pero la policía siguió disparándoles; no contentos con ello, los hicieron arrodillar y dispararon alrededor de sus cuerpos; después los tiraron al suelo, los esposaron y procedieron a llevárselos a la Estación de Policía.

Durante el trayecto les propinaron patadas, puños y palabras soeces; como uno de los jóvenes gritaba con el propósito de que la comunidad se enterara de que los estaban torturando, uno de los uniformados le tapó la boca tratando de asfixiarlo, luego los desnudaron dejándolos en ropa interior y les gritaron que los iban a “matar y a legalizar”. Este tormento duró  hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente, cuando un familiar se acercó hasta la estación de policía para reclamarlos.

Como consecuencia de este crimen, uno de los jóvenes fue internado en el Hospital del Sarare y el otro debe ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de tabique.

2.    El domingo 23 de mayo en las horas de la tarde, varios miembros de la Policía Nacional agredieron a varios integrantes de una familia habitante del municipio de Saravena, entre ellos un menor de edad, a raíz de un incidente presentado con una motocicleta. Posteriormente a los hechos y ante la intención de interponer la respectiva denuncia por los abusos y atropellos cometidos por los policiales, éstos intimidaron a sus víctimas y el propio comandante de la estación se pronunció públicamente tergiversando los sucesos y justificando la irregular conducta de sus hombres.

Respecto a este caso, la Fundación Joel Sierra se permite aclarar que, a pesar de haber tenido conocimiento de los hechos el mismo día de su ocurrencia, no se efectuó la respectiva denuncia pública, debido a la expresa solicitud de las víctimas, quienes se encontraban atemorizadas y nos pidieron no adelantar ninguna acción frente a esta situación, posición que es nuestro deber respetar, ya que está directamente relacionada con la seguridad de las víctimas.

Así mismo, con respecto a las declaraciones realizadas por el personero municipal de Saravena, recordamos que es su función constitucional poner en conocimiento de la autoridades competente cualquier conducta efectuada por funcionarios públicos que pueda constituir una falta disciplinaria o un delito. Por tal motivo, reconocemos la importancia que reviste hacer pública su posición frente a los abusos de autoridad, pero lo exhortamos a materializarla en acciones propias de su cargo, tales como la solicitud de suspensión de los agentes de policía involucrados en el caso mientras se adelantan las respectivas investigaciones y el seguimiento a las mismas.

Por otra parte, rechazamos las declaraciones hechas por el representante del Ministerio Público  en la audiencia de imputación parcial de cargos contra el paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, en las que expone que los delitos cometidos por ese criminal, entonces jefe del bloque Vencedores de Arauca, no constituyen crímenes de lesa humanidad; tal opinión, además de alejarse de los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, fue sustentada con una teoría según la cual los delitos del Mellizo debían ser catalogados como crímenes de guerra, dado que “El actuar estaba dirigido a personas, colaboradoras de la guerrilla para ellos. Dentro de la organización resultaba más peligroso un colaborador o miliciano que un guerrillero armado… había una política al interior de la organización en contra de esas personas previo señalamiento de sus jefes”.

Lo anterior se constituye en un grave antecedente del tratamiento que el Ministerio público da a la población civil, dado que se otorga total legitimidad a la concepción que sobre la misma expresan estos representantes de la estrategia paramilitar, al equipararla con los combatientes, lo que justificaría cualquier agresión en su contra, incluyendo la eliminación física, la tortura o la judicialización.

 

Saravena, 27 de Mayo de 2010.