Con la reciente condena a 30 años de cárcel al general en retiro Alfonso Plazas Vega, por la desaparición de 10 personas civiles en la masacre de la retoma del Palacio de Justicia del 6 de Noviembre de 1985, una vez más se pone de manifiesto, que se necesitan décadas de impunidad para que haya justicia en Colombia, contra militares comprometidos en crímenes atroces de lesa humanidad. Fallo, que es más producto de la lucha incansable de las familias de las víctimas, que de la voluntad política del Estado y sus instituciones, por esclarecer y castigar los miles de crímenes políticos ejecutados por las fuerzas militares colombianas, en complicidad con los gobiernos de turno. Esto explica, las amenazas contra familiares de las víctimas, y contra la juez que emitió el fallo de condena, que vincula a otros altos mandos ex militares y al mismo ex presidente de esa época Belisario Betancur. No se necesita  mucho esfuerzo para saber quienes promueven las amenazas, pues el mismo presidente saliente, Álvaro Uribe Vélez, fue el primero en expresar con su acostumbrada soberbia y prepotencia, su descontento por esta acción de justicia, esperada por el pueblo colombiano por más de dos décadas, con unos argumentos cínicos y sobre la base de defender una política de Seguridad Democrática, que tiene en la impunidad miles de crímenes y desapariciones en su gobierno.

No es para menos, en estos ocho años de régimen Uribista, las fuerzas militares no solo han recibido el mayor presupuesto conocido en la historia, sino que prácticamente han tenido total inmunidad contra sus desafueros y actos de barbarie, que van desde masacres encubiertas en el paramilitarismo, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de: Sindicalistas, campesinos, indígenas, defensores de derechos humanos y contra todo aquel considerado opositor a su gobierno y a los intereses económicos trasnacionales. Es un régimen militarista de corte fascista, caracterizado por los altos niveles de corrupción y políticas mafiosas e ilegales, que se sostiene gracias a la impunidad reinante, al chantaje y secuestro que se ha impuesto contra la justicia. Para la “Seguridad Democrática” los militares son los héroes, no importa que tan criminales y corruptos sean, pues al final, sus cúpulas son los defensores a ultranza de esa clase oligárquica y pro imperialista, que toma el poder a sangre y fuego en el país, que luego convirtió a sus víctimas en la mejor clientela electoral, engañando con miserables programas sociales como “Familias en Acción” y otros, financiados con el Plan Colombia y los impuestos de los colombianos, mientras se privatiza, se vende la nación y su soberanía, y se continúan los asesinatos y masacres en las regiones, contra el pueblo.

Cuantas décadas tendremos que esperar para que sean juzgados los miles de crímenes de la Seguridad Democrática?  Pues con Juan Manuel Santos, no solo se aseguró el continuismo del saqueo del país, sino la inmunidad para los militares y con ello, la impunidad para los miles de crímenes atroces. Aunque todo estaba cantado de antemano, hay una realidad que no podemos desconocer; si bien es cierto, el proceso es fraudulento, también es verdad que dentro de la población votante existe los siguientes elementos: Ignorancia de la gran mayoría que recibe auxilios miserables como familias en acción, pues con esto se contribuye a sostener un régimen que está vendiendo al país; masoquismo, pues muchas de esta clientela ha sido víctima del desplazamiento y masacres de las políticas de “Seguridad Democrática”  con ese voto, se es cómplice de la impunidad, y miedo, pues la acción intimidatoria narco paramilitar, es descarada en contubernio con las fuerzas militares, en una gran parte del territorio nacional. Si a esto le agregamos, la abstención que sobre paso el 60%, tenemos un gobierno ilegitimo, producto de la corrupción, de las mafias narco paramilitares y del militarismo, que bajo un supuesto Acuerdo de Unidad Nacional,  se perpetúa en el poder.

 

Departamento de Arauca, Colombia, Junio 22 del 2010.